Tras décadas de estrategias basadas en el encarcelamiento generalizado y
el constante aumento de la severidad de las penas (endurecidas con las
disposiciones de la Convención de 1988), las pruebas indican que las
medidas de aplicación de la ley no son un medio eficaz para limitar el
alcance del mercado de las drogas ilícitas.La aplicación excesivamente represiva del régimen prohibicionista mundial ha provocado un gran sufrimiento humano, truncando la vida de muchas familias e imponiendo a los condenados penas desproporcionadas en unas condiciones penitenciaras a menudo terribles.
También ha sobrecargado el sistema judicial y la capacidad de las prisiones, y ha absorbido una cantidad enorme de recursos que se podrían haber destinado a tratamientos más eficaces, programas de reducción de los daños y prevención de la delincuencia, y a poner un mayor énfasis en la delincuencia organizada y la corrupción.
La supresión de las sanciones penales por la tenencia de drogas no conduce a un aumento significativo del consumo de drogas ni de los daños asociados con éste. La criminalización de los consumidores los aleja de los servicios sanitarios por temor a ser arrestados, los aboca a las sombras y los encierra en prisiones que funcionan como escuelas de delincuencia.
Este círculo desbarata vidas enteras con mayor crudeza que la farmacodependencia en sí y disminuye las posibilidades de recuperación. Lo mismo puede decirse de la forma en que son tratados los consumidores de drogas cuando cometen delitos no violentos contra la propiedad para financiar su hábito.

